El Sahara Occidental hace ya mucho tiempo que ha dejado de ser noticia. Es uno de los grandes conflictos de la descolonización que aún hoy perduran y que sigue sin resolverse. Es evidente que actos como los de Aminatu Haidar no contribuyen a la resolución del conflicto, pero sí a que los medios de comunicación internacionales hablen de él, especialmente España. Son ya 35 años de ocupación de sus territorios por parte de Marruecos, 35 años de exilio de un pueblo y 35 años de esperanza en una resolución a su situación de refugiados, que nunca llega.
Son personas apátridas que han perdido el derecho de ejercer como ciudadanos de un país, con una identidad y cultura propia. Uno de los muchos riesgos que corren es la desaparición de los referentes territoriales. Actualmente hay generaciones enteras de saharauis que el único referente directo que conocen de El Aaiún, Smara, Dahla, etc. es la memoria de las generaciones más mayores y las wilayas situadas en Argelia que llevan sus nombres, ya que nunca han podido entrar en los territorios del Sahara Occidental ocupados por Marruecos.
Esta separación física se inició en 1980 cuando Marruecos empezó la construcción de un muro, el triángulo de seguridad, que dejaba dentro del territorio a Smara, El Aaiún y Bucraa en un intento de controlar sus recursos naturales y evitar las incursiones de la armada saharaui. En ese sentido, lo que realmente buscaba el reino de Marruecos era asegurarse la explotación de uno de los yacimientos de fosfato más grandes del mundo, situados en Bucraa, para apropiarse de los beneficios económicos. Los recursos naturales que se extraen de los territorios ocupados del Sahara Occidental (fosfatos, pesca, pozos de agua, etc.) no son propiedad de Marruecos, sino de los saharauis tal y como indican las instituciones supraestatales. Un claro ejemplo de ello es el artículo 2711 de las Naciones Unidas (NNUU) que reivindica la necesidad de salvaguardar los recursos naturales del territorio saharaui. Hans Corell, sub-secretario General para Asuntos legales de NNUU en 2002 fue más allá y declaró que “la Asamblea General ha condenado la explotación y el robo de los recursos naturales o cualquier actividad económica que vaya en detrimento de los intereses de la población saharaui y les prive de sus legítimos derechos sobre sus recursos naturales”.
Esta técnica de aislar los territorios se extendió y por tanto el muro que separa los territorios ocupados de los liberados también creció. Actualmente el conjunto de muros que dividen el Sáhara Occidental tienen una distancia de 2.720 km y es la fortificación militar más grande que existe después de la Gran Muralla China. Sin embargo a diferencia de otros muros este no es de hormigón, sino que está formado por un territorio minado (más de 5 millones de minas), alambre de espino y un montículo de arena. Aproximadamente cada 5 km. existe una base marroquí que también dispone de radares y sensores de movimientos. Este elemento constituye una vulneración de los derechos humanos, a la vez que resulta también una muestra de poder, opresión e imposición de un pueblo sobre otro.
Tal y como podemos intuir los costes del conflcito son muy elevados para ambos lados, aún así el más perjudicado es el pueblo saharaui. Son ellos los que tienen que vivir en los campos de refugiados situados en Tindouf en condiciones precarias. Esa precariedad viene marcada por la escasez de recursos: alimentos, agua, medicamentos, etc. que los hace totalmente dependientes de las ayudas exteriores. Esta situación también impide crear y desarrollar cierto tejido comercial y económico en la zona. Además la mayoría de las familias se encuentran divididas, una parte en los territorios ocupados y lo otra en los territorios liberados de la RASD y/o los campos de refugiados. Otra de las consecuencias son las víctimas que provocan la presencia de minas en el territorio
En las zonas ocupadas estos costes se traducen en la perdida de las libertades de los ciudadanos saharauis, como la eliminación del derecho de libertad de expresión, de libre asociación, de movimiento, etc. A su vez las autoridades marroquinas recurren al encarcelamiento y retirada del pasaporte de los activistas. El único delito que han cometido es defender la causa saharaui y aprobar la tesis legítima del Frente Polisario en el conflicto. Otro de los problemas derivados de la ocupación marroquí es el de la aculturación de su población. Esto es posible gracias a la política que Marruecos lleva a cabo para poblar esa zona mediante colonos marroquís. Esta es una forma de salvaguardar sus intereses si nunca se llevara a cabo el tan prometido referéndum.
También hay que tener en cuenta el coste económico que supone la continuidad del conflicto para Marruecos, que tampoco es nada despreciable. Supone una mobilización continua del ejercito en la zona de los territrios ocupados y en los destacamentos del muro. Es decir, un elevado gasto en tecnología, armamento, salarios, etc. que deja de invertirse en el desarrollo social y económico del país.
Finalmente terminar señalando que la causa del exilio de miles de saharauis es una causa política, en gran parte provocada por España y los Acuerdos de Madrid de 1975. En estos acuerdos España (potencia colonizadora) cedía a Marruecos y Mauritania el Sáhara Occidental sin llevar a cabo su promesa de referéndum de autodeterminación. Actualmente se ha convertido en un espejismo en medio del desierto, una ilusión de algo que podría llegar a ser.
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